Más de 200 científicos y economistas, entre ellos varios premios Nobel, han firmado una declaración conjunta en la que exigen a los gobiernos que actúen de forma inmediata ante el impacto económico de la inteligencia artificial. El documento no pide frenar la tecnología, sino garantizar que sus beneficios no se concentren en unas pocas plataformas tecnológicas.
La declaración que reúne a premios Nobel y economistas de primer nivel
El texto ha reunido más de 200 firmas de científicos y economistas de reconocido prestigio internacional. La carta es explícita: los sistemas de protección social y la legislación laboral vigente no están adaptados al ritmo al que la inteligencia artificial está transformando el mercado de trabajo.
No es una advertencia genérica sobre el futuro. Es un diagnóstico del presente. Los firmantes señalan que la automatización ya está desplazando trabajadores en sectores concretos, y que ese proceso se acelera mientras los marcos regulatorios permanecen estancados.
La declaración llega en un momento en que el debate sobre la gobernanza de la IA ha ganado urgencia política en Europa, Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Pero la brecha entre la velocidad de la tecnología y la velocidad de la respuesta institucional sigue siendo enorme.
Redistribución de la riqueza generada por la IA, el núcleo del documento
El argumento central de la carta no es tecnológico, sino distributivo. Los firmantes sostienen que los beneficios económicos que genera la inteligencia artificial se están concentrando en un número reducido de plataformas y corporaciones tecnológicas, mientras los costes del desplazamiento laboral los absorben los trabajadores y los sistemas públicos.
La propuesta es concreta: mecanismos reales de redistribución de esa riqueza y políticas activas de protección para los trabajadores desplazados. No se especifica un modelo único, pero sí se exige que los gobiernos dejen de tratar el asunto como un debate académico.
Este enfoque conecta con propuestas que llevan años circulando en foros económicos internacionales, como la imposición de un impuesto sobre la automatización o la ampliación de los fondos de transición laboral. Hasta ahora, ninguna ha alcanzado implementación a escala nacional relevante.
Atención al cliente, transporte y manufactura: los sectores en primera línea
La declaración identifica sectores concretos donde el impacto ya es medible. La atención al cliente, el transporte y la manufactura concentran la mayor exposición a la automatización en economías como España, México, Argentina y Colombia.
En atención al cliente, los sistemas de inteligencia artificial generativa ya gestionan millones de interacciones diarias que antes requerían agentes humanos. Empresas de telecomunicaciones, banca y comercio electrónico han reducido plantillas en estos departamentos de forma sostenida en los últimos tres años.
En transporte, la combinación de sistemas de optimización logística con conducción asistida está reconfigurando los perfiles de empleo. En manufactura, los robots colaborativos y los sistemas de visión artificial han acelerado la sustitución de tareas repetitivas en cadenas de producción de Europa y América Latina.
España, México, Argentina y Colombia sin política integral de transición
La declaración es explícita al señalar que ninguno de los países mencionados cuenta con una política integral para gestionar la transición laboral provocada por la inteligencia artificial. Es una afirmación que tiene peso político directo en cuatro de las economías más grandes del mundo hispanohablante.
España aprobó en 2023 una Carta de Derechos Digitales y avanza en la implementación del Reglamento de IA de la Unión Europea, que entró en vigor en agosto de 2024. Pero ese marco regula riesgos tecnológicos, no redistribución económica ni protección laboral activa frente a la automatización.
México, Argentina y Colombia carecen incluso de ese punto de partida regulatorio. Sus marcos laborales fueron diseñados para economías industriales del siglo XX y no contemplan mecanismos de respuesta ante la sustitución masiva de empleos por sistemas automatizados.
El precedente histórico: por qué esta vez el ritmo importa
Las revoluciones tecnológicas anteriores, desde la mecanización agrícola hasta la informática empresarial, también desplazaron empleo. La diferencia que señalan los firmantes de la declaración es el ritmo. Los ciclos anteriores permitieron décadas de adaptación. La inteligencia artificial opera en años, a veces en meses.
Un ejemplo concreto: cuando los cajeros automáticos se extendieron en la banca durante los años ochenta y noventa, el número de sucursales bancarias y de empleados no cayó de inmediato, porque los bancos ampliaron servicios. El proceso de ajuste duró décadas. Los grandes modelos de lenguaje, en cambio, han reducido en meses la demanda de ciertos perfiles en servicios jurídicos, traducción, atención al cliente y producción de contenidos.
Esa velocidad es la que hace inoperantes los mecanismos tradicionales de reciclaje profesional, que están diseñados para transiciones graduales, no para disrupciones que se miden en trimestres.
El contexto de los grandes laboratorios de IA y la concentración del mercado
La preocupación por la concentración de beneficios que expresa la declaración tiene un correlato directo en la estructura del mercado. Un puñado de empresas, principalmente con sede en Estados Unidos, controla el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más potentes y las infraestructuras sobre las que operan.
OpenAI, fundada en 2015 en San Francisco, ha alcanzado una valoración superior a los 150.000 millones de dólares según rondas de financiación recientes. Google DeepMind, Anthropic y Meta AI concentran igualmente una parte desproporcionada de la inversión global en investigación y desarrollo de inteligencia artificial.
Esta concentración implica que los retornos económicos de la automatización fluyen principalmente hacia accionistas e inversores de un número muy reducido de compañías, mientras los costes del desplazamiento laboral se distribuyen de forma mucho más amplia entre la población trabajadora de múltiples países.
La respuesta institucional hasta ahora: regulación de riesgos, no de distribución
Los marcos regulatorios que han avanzado con mayor rapidez, como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, están diseñados principalmente para gestionar riesgos: sesgos algorítmicos, usos prohibidos, transparencia en sistemas de alto impacto. Son marcos necesarios, pero no abordan la pregunta que plantea la declaración: quién se queda con el valor económico generado por la automatización.
La Organización Internacional del Trabajo ha publicado informes sucesivos en los últimos años advirtiendo del impacto asimétrico de la automatización sobre trabajadores con menor cualificación y sobre economías emergentes. Pero sus recomendaciones no tienen carácter vinculante.
El G7 y el G20 han incluido la gobernanza de la inteligencia artificial en sus agendas desde 2023, pero los acuerdos alcanzados se limitan a principios generales sin mecanismos de implementación concretos ni plazos definidos.
Qué exigen los 200 firmantes y cuál es el margen real de actuación
La declaración no propone un modelo económico alternativo. Exige que los gobiernos actúen con la misma urgencia con la que las empresas tecnológicas despliegan sus sistemas. Eso implica, en la práctica, tres líneas de acción: protección activa para trabajadores desplazados, mecanismos de redistribución de los beneficios generados por la automatización, y marcos legales que actualicen los derechos laborales al contexto actual.
El margen real de actuación varía mucho según el país. La Unión Europea tiene capacidad regulatoria y presupuestaria para implementar políticas de transición a escala. Los países latinoamericanos firmantes de la declaración enfrentan restricciones fiscales que limitan su capacidad de respuesta, lo que hace aún más urgente la coordinación internacional.
La declaración de más de 200 científicos y economistas, incluidos premios Nobel, no es el primer documento de este tipo. Pero el número de firmantes y la precisión de sus demandas le dan un peso político que los llamamientos anteriores no tuvieron. El siguiente movimiento es de los gobiernos.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
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