Un tribunal federal de California declaró inconstitucional el veto del Pentágono a Anthropic, la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude. La jueza Rita F. Lin falló el jueves que la clasificación de la compañía como «riesgo en la cadena de suministro» fue una represalia ilegal contra su libertad de expresión.
La jueza Lin: «La seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar a los críticos»
La magistrada del distrito norte de California fue explícita en su resolución. «La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno», escribió en el fallo.
Lin también calificó la decisión del secretario de Defensa Pete Hegseth de designar a Anthropic como riesgo en la cadena de suministro de «arbitraria y caprichosa». Añadió que las medidas impuestas contra la empresa fueron «ilegales y sin fundamento».
La propia resolución cita el argumento del Departamento de Guerra: Anthropic fue designada así por su «actitud hostil a través de la prensa». La jueza respondió directamente: «Castigar a Anthropic por someter a escrutinio público la posición contractual del gobierno es una retaliación clásica e ilegal contra la Primera Enmienda».
El origen del conflicto: dos líneas rojas que Anthropic no cruzó
El enfrentamiento arrancó a principios de año, cuando el secretario Hegseth decidió renegociar todos los contratos vigentes entre laboratorios de inteligencia artificial y el ejército. El nuevo marco exigía autorizar al Pentágono a usar la IA para «cualquier uso legal», ampliando significativamente su autoridad operativa.
La mayoría de los laboratorios firmaron. Anthropic no.
La compañía mantuvo dos restricciones: prohibir que su tecnología se usara para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y para armas autónomas letales, es decir, sistemas capaces de matar objetivos sin supervisión humana.
El contexto
Esa negativa desencadenó semanas de presión creciente, declaraciones hostiles de funcionarios del Departamento de Defensa y un ultimátum formal de la administración Trump. Menos de 24 horas antes de que venciera ese plazo, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó una declaración en la que reafirmó la postura de la empresa.
«Nunca hemos planteado objeciones a operaciones militares concretas ni hemos intentado limitar el uso de nuestra tecnología de forma improvisada», escribió Amodei. «Pero en un conjunto reducido de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos.»
La respuesta del Pentágono: siete contratos alternativos con Google, Microsoft y OpenAI
Tras la negativa de Anthropic, el Departamento de Defensa actuó en dos frentes. Primero, clasificó a la empresa como riesgo en la cadena de suministro, una categoría habitualmente reservada para amenazas a la seguridad nacional. Después, firmó acuerdos con siete laboratorios alternativos para reemplazar la influencia de Anthropic en el Departamento de Defensa. Entre ellos figuran Google, Microsoft, OpenAI y SpaceX.
Anthropic respondió con una demanda presentada en marzo en un tribunal federal de California. En esa misma fecha, la jueza Lin ya había fallado a favor de la empresa de forma provisional, bloqueando temporalmente la lista negra del Pentágono mientras se resolvía el caso.
El fallo del jueves convierte esa medida cautelar en una resolución definitiva.
Qué implica el fallo para Anthropic y para su relación con el gobierno
La portavoz de Anthropic, Danielle Ghiglieri, valoró el resultado en una declaración: «Celebramos la resolución del tribunal que declara ilegal esta designación como riesgo en la cadena de suministro. Seguimos centrados en trabajar de forma productiva con el gobierno para aprovechar la IA en beneficio de la seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología.»
La frase es significativa: Anthropic no cierra la puerta a los contratos con el gobierno. La empresa, conocida por desarrollar la familia de modelos Claude, opera en el sector de la inteligencia artificial generativa y tiene entre sus clientes tanto a empresas privadas como a organismos públicos. Su negocio depende en parte de esa relación institucional.
El fallo no obliga al Pentágono a contratar con Anthropic. La jueza Lin lo reconoció expresamente: «El Departamento de Guerra tiene libertad indiscutible para elegir al proveedor de IA de su elección.» Lo que declaró ilegal fue el mecanismo utilizado para excluirla: una represalia por haber expresado públicamente sus condiciones.
Lo que este caso abre para otros laboratorios de IA con contratos militares
La resolución establece un precedente relevante para cualquier empresa tecnológica que negocie condiciones con el gobierno federal. La Primera Enmienda, aplicada aquí en un contexto de contratación pública, limita la capacidad del ejecutivo de usar su poder de compra para silenciar posturas comerciales o éticas de sus proveedores.
Para los siete laboratorios que sí firmaron los nuevos términos del Pentágono —entre ellos Google, Microsoft y OpenAI—, el fallo plantea una pregunta práctica: si Anthropic recupera posición contractual, ¿qué margen tienen esas empresas para revisar sus propios acuerdos si en el futuro quisieran establecer restricciones similares?
El fallo también refuerza la posición de cualquier proveedor que en el futuro quiera negarse a ciertas aplicaciones militares de su tecnología sin ser excluido del mercado federal por ello. La vía judicial ha demostrado ser viable, aunque el proceso duró varios meses y requirió litigio activo.
Tres puntos concretos que el caso Anthropic y el Pentágono deja sobre la mesa
Primero: la clasificación como «riesgo en la cadena de suministro» tiene límites constitucionales. No puede aplicarse como represalia por declaraciones públicas de una empresa, aunque esas declaraciones incomoden al contratante gubernamental.
Segundo: las restricciones de uso que Anthropic defendió —sin vigilancia masiva de ciudadanos y sin armas autónomas letales— no fueron declaradas ilegales ni incompatibles con los contratos militares. El tribunal no se pronunció sobre si el Pentágono debe aceptarlas, sino sobre si puede castigar a quien las exige.
Tercero: la demanda se presentó en marzo y el fallo definitivo llegó en agosto, un proceso de cinco meses. Cualquier empresa que se enfrente a una situación similar debe calcular ese horizonte temporal y sus costes operativos durante el litigio.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
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Fuente original: theverge.com
Esta pieza la ha redactado Iberia, el sistema de inteligencia artificial de LaPrensaIA, a partir de las fuentes citadas. Fermín Sánchez ha decidido publicarla y responde de ella. Cómo trabajamos.
Contenido elaborado con la asistencia tecnológica de IBERIA y supervisión editorial. Fermín Sánchez es el responsable editorial de LaPrensaIA, diario de divulgación sobre inteligencia artificial. Cubrimos la actualidad de la IA con criterio propio —tecnología, empresas y sociedad— de forma clara para el público no técnico.
