Kevin O’Leary acusa a China de financiar protestas contra centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos, pero no ha presentado ninguna prueba verificable. Mientras tanto, las facturas eléctricas han subido hasta un 76% en algunas comunidades afectadas.
La acusación sin respaldo documental
Kevin O’Leary, el inversor conocido por el programa Shark Tank, está construyendo un campus tecnológico de 100.000 millones de dólares en Utah, sobre una extensión de 40.000 acres. Cuando los vecinos salieron a protestar, O’Leary no respondió con argumentos técnicos ni con datos sobre el impacto ambiental. Respondió con una acusación: el dinero chino está detrás de todo.
Según O’Leary, cientos de millones de dólares canalizados por países intermediarios estarían pagando a manifestantes para frenar la expansión de infraestructura de inteligencia artificial en suelo estadounidense. Llegó más lejos: afirmó que el 90% de los protestantes en Utah habían llegado en autobús desde fuera del estado. No presentó documentos, registros financieros ni ningún tipo de evidencia verificable que respalde esas cifras.
El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, respaldó públicamente esa versión. Declaró que la oposición a estos proyectos no es local ni orgánica. Tampoco Burgum aportó pruebas concretas. Dos figuras con poder político y económico construyeron un relato sobre una amenaza exterior sin mostrar los cimientos sobre los que se sostiene.
Lo que sí tienen los vecinos: facturas y agua turbia
Más allá de las acusaciones, los residentes de las zonas donde se instalan centros de datos tienen quejas documentadas y medibles. En algunas comunidades de Estados Unidos, la factura eléctrica ha subido hasta un 76% como consecuencia directa de la demanda energética de estas instalaciones. Ese dato no es propaganda: aparece en recibos reales.
Los centros de datos también han contaminado el agua potable en varias comunidades. Estas instalaciones consumen volúmenes masivos de agua para refrigeración, lo que genera presión sobre acuíferos locales y puede introducir contaminantes en el suministro. En zonas rurales o semiáridas, donde el agua ya es un recurso escaso, ese impacto se siente de forma inmediata.
A eso se suman las vibraciones. Los equipos de refrigeración, los generadores y los sistemas de ventilación de gran escala producen vibraciones de baja frecuencia que los instrumentos de medición convencionales no siempre captan. Los vecinos las perciben en sus casas, en sus cuerpos, pero no pueden demostrarlas con los aparatos que usan las autoridades locales. Esa brecha entre experiencia real y medición oficial es una fuente constante de frustración.
El mecanismo de la acusación: desviar el foco
Atribuir una protesta a una conspiración extranjera tiene una función política precisa: convierte a los afectados en instrumentos involuntarios de un enemigo, no en ciudadanos con demandas legítimas. Si el problema es China, no hay que responder a las facturas eléctricas. Si el problema es la manipulación exterior, no hay que filtrar el agua ni aislar las vibraciones.
Eso no significa que la acusación sea necesariamente falsa. Las operaciones de influencia extranjera existen, están documentadas en otros contextos y son una herramienta real de competencia geopolítica. China tiene interés estratégico en frenar la expansión de infraestructura tecnológica estadounidense. Eso es verificable. Lo que no es verificable es que eso explique las protestas en Utah.
La acusación puede ser cierta, falsa o parcialmente válida. Pero incluso si fuera completamente cierta, no respondería a las facturas reales ni al agua turbia del grifo. Esos problemas existen con independencia de quién financie las pancartas.
El contexto de un sector que construye a velocidad industrial
La expansión de centros de datos en Estados Unidos no es un fenómeno marginal. La demanda de infraestructura para inteligencia artificial ha crecido a un ritmo que supera la capacidad de planificación urbana y energética de muchos estados. Grandes empresas tecnológicas han anunciado inversiones masivas en nuevos campus de servidores, y el gobierno federal ha impulsado esa expansión como una prioridad de seguridad nacional.
Ese ritmo de construcción genera tensiones estructurales. Las redes eléctricas locales no estaban diseñadas para absorber la demanda de instalaciones que consumen tanta energía como ciudades medianas. Las empresas de servicios públicos trasladan parte de ese coste al consumidor doméstico. El resultado es lo que los vecinos ven en su factura cada mes.
El agua es otro punto de conflicto creciente. Los centros de datos de gran escala pueden consumir millones de litros de agua al día en sistemas de refrigeración evaporativa. En estados como Utah, donde la escasez hídrica es una realidad climática y no una proyección futura, esa demanda compite directamente con el uso agrícola y doméstico. Las comunidades rurales sienten esa competencia de forma directa.
Burgum, O’Leary y la política de la narrativa
Que Doug Burgum, secretario del Interior, haya respaldado la tesis de O’Leary sin aportar pruebas tiene implicaciones que van más allá del debate local en Utah. Burgum ocupa un cargo federal con capacidad de influir en la regulación de uso del suelo, la gestión del agua y las políticas energéticas que afectan directamente a estos proyectos.
Cuando un funcionario de ese nivel valida una acusación de interferencia extranjera sin documentación, está enviando una señal al resto del aparato regulatorio: la oposición a estos proyectos debe tratarse como un problema de seguridad nacional, no como un conflicto de intereses locales legítimos. Eso tiene consecuencias prácticas sobre cómo se tramitan las quejas de los vecinos y cómo se evalúan los impactos ambientales.
O’Leary, por su parte, tiene un interés económico directo en que el proyecto avance sin obstáculos. Un campus de 100.000 millones de dólares sobre 40.000 acres no es una inversión menor. Que el principal promotor del proyecto sea también el principal acusador de quienes se oponen a él no invalida sus afirmaciones, pero sí exige un nivel de evidencia más alto del que ha proporcionado hasta ahora.
El patrón más amplio: infraestructura tecnológica frente a comunidades locales
El conflicto en Utah no es un caso aislado. En los últimos años, comunidades en Virginia, Georgia, Iowa, Texas y otros estados han protagonizado disputas similares con promotores de centros de datos. Los argumentos de los vecinos son consistentes en todos los casos: consumo energético que eleva las facturas, presión sobre el agua, ruido y vibraciones, y una sensación de que las decisiones se toman sin consultar a quienes viven en el territorio.
Las empresas y los gobiernos que impulsan estos proyectos suelen responder con argumentos económicos: creación de empleo, inversión en infraestructura, liderazgo tecnológico nacional. Esos argumentos tienen peso real. Pero no anulan los impactos concretos sobre quienes viven cerca de las instalaciones, y la tendencia a descalificar la oposición en lugar de responderla ha generado una desconfianza creciente en muchas comunidades.
La acusación de financiación extranjera añade una capa nueva a ese patrón. Si se convierte en una respuesta estándar a cualquier protesta contra infraestructura tecnológica, el efecto práctico será silenciar quejas legítimas bajo el paraguas de la seguridad nacional. Eso es un problema político y democrático que va más allá de Utah o de O’Leary.
Lo que está en juego
El debate sobre los centros de datos en Estados Unidos tiene dos planos que no deben confundirse. El primero es geopolítico: si existen operaciones de influencia extranjera que instrumentalizan protestas locales, eso debe investigarse con rigor y con pruebas. El segundo es doméstico: las comunidades afectadas por subidas del 76% en su factura eléctrica, por contaminación del agua y por vibraciones persistentes tienen derecho a respuestas concretas, independientemente de quién financie las pancartas.
Mezclar ambos planos sin separar la evidencia de la especulación no resuelve ninguno de los dos problemas. Deja a los vecinos sin respuesta, deja la acusación geopolítica sin verificar y deja el debate público contaminado por una narrativa que sirve principalmente a quienes tienen interés en que los proyectos avancen sin escrutinio. Las pruebas, si existen, deben mostrarse. Las facturas ya están sobre la mesa.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
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