Un agente de la Policía de Derbyshire, en el condado inglés del mismo nombre, está siendo investigado penalmente por haber presentado presuntamente material generado con inteligencia artificial como prueba real dentro de un expediente judicial, según informó The Guardian.
El caso que pone en el banquillo a la propia institución policial
Hasta ahora, los escándalos de IA en los tribunales apuntaban siempre en la misma dirección: abogados defensores o acusados que usaban herramientas como ChatGPT para fabricar jurisprudencia inexistente o falsificar documentos de apoyo. Este caso invierte el vector del problema.
La investigación sobre el agente de Derbyshire traslada el riesgo al interior de la institución encargada de reunir y custodiar las pruebas. Si la acusación se confirma, estaríamos ante uno de los primeros casos documentados en el mundo en que un miembro de las fuerzas de seguridad habría intentado introducir material generado por IA en un proceso penal haciéndolo pasar por evidencia auténtica.
La fuente original, The Guardian, no facilita el nombre del agente investigado, el nombre de la víctima potencial ni el del caso judicial concreto. Tampoco aporta cifras sobre el volumen de pruebas afectadas o la fecha exacta de los hechos. Esa ausencia de datos nominales no es un detalle menor: refleja el estadio preliminar de una investigación penal activa en Reino Unido.
Qué tipo de material habría sido fabricado
El contenido original no especifica si el material presuntamente generado con IA era un documento escrito, una imagen, una transcripción o cualquier otro formato. Esta ambigüedad es, en sí misma, reveladora del problema estructural que plantea el caso.
Las herramientas de generación de contenido actuales permiten producir en segundos documentos de texto con apariencia oficial, imágenes fotorrealistas, grabaciones de audio sintéticas o vídeos manipulados. Cualquiera de esos formatos puede, en principio, colarse en un expediente judicial si no existe un protocolo de verificación previo a su admisión.
La cadena de custodia de las pruebas, un principio básico del derecho procesal, fue diseñada para rastrear quién ha tenido acceso a una evidencia física y garantizar que no ha sido alterada. Ese mecanismo no estaba concebido para detectar si un documento fue creado íntegramente por una máquina.
El vacío legal que convierte esto en una amenaza sistémica
Ni Reino Unido ni España, México, Argentina o Colombia cuentan hoy con protocolos obligatorios para verificar si una prueba documental fue creada por una persona o generada por una herramienta de inteligencia artificial antes de que sea admitida en un juicio. Eso significa que cuando un juez o un jurado ven ese documento sobre la mesa, no disponen de ningún mecanismo automático para distinguir lo real de lo artificial.
Esta laguna no es exclusiva del ámbito anglosajón. Los sistemas judiciales de todo el mundo fueron construidos sobre la premisa de que falsificar una prueba requería tiempo, habilidad técnica específica y acceso a materiales. La IA generativa ha eliminado las tres barreras de entrada.
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024 y cuya aplicación plena se escalonará hasta 2027, clasifica como de alto riesgo los sistemas de IA usados en la administración de justicia. Sin embargo, la norma regula el uso de esas herramientas por parte de los tribunales, no la posibilidad de que pruebas generadas por IA sean introducidas fraudulentamente en un proceso.
Antecedentes: cuando la IA ya engañó a los tribunales
El caso de Derbyshire no surge en el vacío. En 2023, el abogado neoyorquino Steven Schwartz fue sancionado por presentar ante un tribunal federal seis sentencias judiciales completamente inventadas por ChatGPT. Schwartz alegó desconocer que la herramienta podía fabricar citas inexistentes. El juez no aceptó la excusa y le impuso una multa.
Ese mismo año, en Colombia, un juez utilizó ChatGPT para redactar parte de una sentencia sobre los derechos de un niño con autismo, lo que generó un debate inmediato sobre los límites del uso de IA en la función jurisdiccional. En aquel caso, la herramienta fue usada por quien debía impartir justicia, no por quien debía investigar un crimen.
Lo que distingue el caso de Derbyshire de todos los anteriores es la posición institucional del presunto autor: un agente policial, con acceso privilegiado a los expedientes, con autoridad para recopilar y presentar pruebas, y con la credibilidad que otorga el uniforme ante un tribunal.
Por qué la detección es técnicamente difícil
Los detectores de contenido generado por IA, como los que ofrecen empresas especializadas, tienen tasas de error significativas. Producen falsos positivos, es decir, señalan como artificial un texto escrito por una persona, y falsos negativos, es decir, validan como humano un texto producido por una máquina. Ningún sistema de detección actual es lo suficientemente fiable como para ser admitido como prueba pericial en un tribunal.
La situación se complica aún más con las imágenes y los vídeos. Las técnicas de detección de deepfakes avanzan, pero lo hacen en paralelo con las técnicas de generación. Es una carrera en la que el margen entre atacante y defensor se estrecha constantemente.
Algunos investigadores proponen soluciones basadas en la autenticación en origen: que los dispositivos de captura, como cámaras o grabadoras, firmen digitalmente el contenido en el momento de su creación, de forma que cualquier alteración posterior sea detectable. Ese enfoque existe en fase experimental, pero no está implantado de forma generalizada en los cuerpos policiales de ningún país.
La presión sobre los cuerpos policiales para adoptar IA
El caso llega en un momento en que muchas policías del mundo están incorporando activamente herramientas de inteligencia artificial para reconocimiento facial, análisis predictivo del crimen, procesamiento de grandes volúmenes de datos y redacción de informes. En Reino Unido, varias fuerzas policiales llevan años pilotando sistemas de IA para distintas funciones operativas.
Esa adopción acelerada tiene una cara positiva en términos de eficiencia, pero genera una tensión estructural: cuanto más integrada está la IA en el flujo de trabajo policial, más difícil resulta distinguir qué parte de un expediente fue elaborada por un ser humano y qué parte fue generada o modificada por una herramienta automática.
La formación de los agentes en el uso ético y verificable de estas herramientas no ha seguido el mismo ritmo que la implantación tecnológica. Esa brecha es el terreno en el que prosperan tanto el error involuntario como el fraude deliberado.
Lo que está en juego
Si la investigación sobre el agente de Derbyshire concluye con una acusación formal y una condena, será la primera vez que un miembro de las fuerzas de seguridad responde penalmente por haber intentado introducir pruebas generadas por IA en un proceso judicial. El precedente tendría un alcance que va mucho más allá de Inglaterra.
Cualquier persona sometida a un proceso penal tiene derecho a que las pruebas en su contra sean reales. Ese principio, aparentemente elemental, no cuenta hoy con ningún mecanismo técnico estandarizado que lo garantice en la era de la IA generativa. El caso de Derbyshire no es una anomalía: es la primera señal verificada de una vulnerabilidad que los sistemas judiciales de todo el mundo aún no han cerrado.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
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